FALACIA AD VERECUNDIAM

Al presentar su propuesta de liberalizar el sistema eléctrico, el candidato recurrió a un discurso categórico en el que afirmó: "Propongo liberar el sistema eléctrico. Basta de monopolios estatistas en los sectores estratégicos, que son un fracaso." Con esta declaración, buscó transmitir una imagen de firmeza y determinación, pero evitó profundizar en los detalles sobre cómo se llevaría a cabo esta transformación y cuáles serían sus implicaciones.

Su afirmación partió de una premisa generalizada: que la participación estatal en sectores estratégicos es inherentemente ineficiente y debe ser eliminada. Sin embargo, no proporcionó datos, estudios comparativos o experiencias internacionales que respaldaran su posición. No explicó, por ejemplo, por qué considera que el modelo estatal ha sido un fracaso en el país, ni presentó evidencia empírica que demostrara que la liberalización del sistema eléctrico mejoraría la calidad del servicio, reduciría costos o beneficiaría a los consumidores.

El argumento del candidato se basó en una apelación a la autoridad de su propia afirmación, asumiendo que el público aceptaría su diagnóstico sin cuestionamientos. No abordó posibles riesgos asociados con la liberalización, como el impacto en las tarifas eléctricas, la estabilidad del suministro o la necesidad de regulaciones para evitar prácticas monopólicas dentro del sector privado. Tampoco explicó cómo garantizaría que la apertura del mercado eléctrico resultara en una mayor eficiencia y no en la concentración del servicio en pocas empresas que podrían imponer precios elevados sin una regulación efectiva.

Este tipo de discurso polarizador, que opone el "estatismo" al "libre mercado" sin matices ni análisis detallado, ha sido utilizado en otras ocasiones para justificar reformas radicales en distintos sectores. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que la liberalización de los sistemas eléctricos no siempre ha generado los resultados esperados. En algunos países, la privatización ha llevado a mejoras en eficiencia y reducción de costos, pero en otros casos ha generado aumentos en las tarifas, falta de inversión en infraestructura y problemas de accesibilidad para las poblaciones más vulnerables.

Las reacciones a su propuesta fueron diversas. Sus seguidores la recibieron con entusiasmo, interpretándola como un paso necesario para modernizar el sistema eléctrico y reducir la intervención del Estado en la economía. No obstante, analistas y expertos en energía señalaron que cualquier reforma en este sector debe considerar múltiples factores, como la seguridad energética, la inversión en energías renovables y la necesidad de un marco regulatorio sólido para evitar abusos.

Además, su discurso omitió referencias a experiencias previas en el país o en la región que pudieran servir como ejemplo o advertencia. No mencionó cómo se garantizaría la transición de un sistema estatal a uno privatizado sin afectar el suministro eléctrico ni cómo se evitaría que grandes corporaciones tomaran control del mercado sin mecanismos de competencia efectiva. Tampoco especificó si su propuesta implicaría la venta total de las empresas estatales de electricidad o si se trataría de un modelo de participación mixta entre el sector público y privado.

El debate sobre la liberalización del sector eléctrico es complejo y requiere un análisis profundo sobre su viabilidad y sus consecuencias a corto y largo plazo. Si el candidato busca que su propuesta sea tomada en serio, deberá complementarla con datos concretos, referencias a modelos exitosos y un plan detallado que explique cómo aseguraría que los beneficios lleguen a los ciudadanos y no solo a las grandes empresas. En ausencia de estos elementos, su propuesta corre el riesgo de ser percibida como una declaración ideológica más que como una solución realista para mejorar el sistema eléctrico del país.